EL ESCRACHE DE ROUCO

La imagen es de la Bibliteca Nacional francesa, en el dominio público.
La imagen es de la Bibliteca Nacional francesa, en el dominio público.

Mientras algunos miembros de la cúpula del Partido Popular español (PP) denuncian los “escraches” de algunos indignados que consideran “nazis”, uno de los grandes aliados del mismo partido, el arzobispo Rouco-Varela, realiza el peor de los escraches  vividos estas últimas semanas: un escrache “total(itario)al Estado de derecho”. ¿Por qué totalitario? Porque en general, los escraches suelen tener un único destinatario. Cada escrache corresponde a un caso, aunque la suma de escraches corresponde a la indignación. Rouco, sin embargo, como actor de la vida política española, se ha mostrado también muy indignado, por otros motivos, y ha decidido hacer un escrache verbal al Estado de derecho denunciando dos leyes que no considera válidas. Se trata de un escrache que sobrepasa la ley.  Le da igual que el TC español haya reiterado la constitucionalidad de la ley de matrimonio homosexual porque él sabe más que el Tribunal constitucional. Tenía que haber sido magistrado y no cura. Él sabe más de derecho que cualquiera en España, porque se cree por encima del Estado de derecho aunque, en realidad, lo que hace a través de sus declaraciones es situarse fuera de la ley y al margen de la misma, demostrando así que su iglesia, la católica,  es una institución marginal respecto al Estado de derecho y, por tanto, de la democracia.

Vista la resonancia que sus declaraciones han tenido en los medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha recordado que en un Estado de Derecho es el Parlamento el encargado de elaborar las leyes, y no los obispos, que han pedido derogar la ley del aborto y el matrimonio homosexual.  Alonso le recuerda a Rouco que en España hay separación de poderes (entre lo espiritual y lo temporal) aunque no le ofende demasiado porque le otorga, como a todos los ciudadanos la libertad de opinión, un derecho fundamental. Y aquí vuelve a surgir aquella famosa pregunta que se hacía Saint Just: ¿Hay que negar la libertad a los enemigos de la libertad? (Faut-il refuser la liberté aux enemis de la liberté?). Una primera conclusión de esta  primera lectura:  Alonso estaría haciendo una advertencia a Rouco a quien se deja, sin embargo,  libertad de opinión (expresión, religión…)

Pero salta a la vista lo que subyace el contenido de la declaración del portavoz del PP (una segunda lectura como consecuencia de la primera) y que es el problema de las consecuencias políticas de la libertad que se da a los enemigos de la libertad. ¿Qué pasa si esta opinión es vinculante? Porque para cualquier católico,  la opinión de una autoridad católica, como Rouco, es vinculante y, por lo tanto, en nombre de la libertad de conciencia, podrá no acatar las leyes. Cualquier católico, en nombre de su conciencia, se prestará a la absurda suma “de la pera y de la manzana” para incumplir el derecho. Por tanto, lo relevante de estas graves declaraciones es que la opinión de Rouco es vinculante para la formación conservadora que es la que legisla ahora, con mayoría absoluta “totalitaria”(porque no se tiene en cuenta opinión minorías) , y por ende  las declaraciones del portavoz del PP son papel mojado.

Este asunto, el del escrache de Rouco, deja patente el estado de la cuestión sobre el régimen de no separación entre la iglesia católica y el Estado en España. La Constitución declara en su artículo 16 que el Estado no es confesional, lo que muchos llaman la “aconfesionalidad”, aunque reconoce que la religión de la mayoría de los españoles es la católica lo que viene a decir que España es católica porque son los españoles (católicos)  quienes componen España:  es una cuestión identitaria.  Aunque siendo puristas, España no sería confesional, porque de ser confesional no cabría ley contraria a los mandamientos de dios y de la iglesia, como la ley del divorcio por ejemplo.  Confesional fue el franquismo. En cualquier caso, este asunto de la confesionalidad plantea problemas. Suecia y Noruega han dejado de ser constitucionalmente confesionales hace poco. Pero si el máximo representante del Estado, su monarca, por más irresponsable e irrelevante que sea políticamente, representa al Estado y éste profesa públicamente su religión, entonces deja patente la impronta religiosa.  Confesionalidad del Estado stricto sensu: no. Identidad confesional: sí (España, Noruega, Suecia, Reino Unido etc.)

En la actualidad, pese a no ser del todo confesional, lo que no hay en España es separación entre la iglesia católica y el Estado en razón de los acuerdos de 1979 que  otorgan una serie de competencias de envergadura a la iglesia católica como por ejemplo en materia de educación. Siendo la separación un requisito sin el cual no se puede hablar de Estado laico como forma de organización político-social, se puede concluir que el Estado español no es laico, porque la laicidad es un fin: el de la libertad y el de la no discriminación (igualdad).

No comparto demasiado la tesis de algunos conocidos franceses sobre la laicidad de reconocimiento ( trad: la laïcité de la reconnaissance) en la que se podría encajar, en cierto modo, el régimen español de relaciones iglesia-Estado, porque en nombre del reconocimiento explícito y preferencial a la iglesia católica se practica la intolerancia y se vulnera el derecho, como en el caso de Rouco. La laicidad se define por su contrario, es decir, por lo que no es laicidad y, en este sentido, España no lo es.

Por último, y como consecuencia del escrache, ya que se ha puesto de moda multar a los indignados: ¿POr qué no se multa a Rouco?